Tanto la Ley 7/2023 –de ámbito nacional- como la Ley 2/2023 –que es autonómica- reafirman y amplían las competencias de los ayuntamientos en materia de tenencia de animales de compañía en general y sobre la gestión de colonias felinas en particular. Más allá de fijar como objetivo ineludible el sacrificio cero, tal legislación establece que serán los municipios los responsables del control poblacional, sanitario y de la identificación de todos los miembros que formen parte de esas colonias. Y para cumplir tal meta ambas normas mencionan un instrumento: la aplicación de los llamados programas CER (Captura, Esterilización y Recuperación). Pues bien, el Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) denuncia que, en demasiadas ocasiones, los municipios "no se están tomando en serio las nuevas obligaciones legales e improvisan la aplicación de estos planes, sin presupuestos ni responsables claros. Aunque en la gestión de las colonias es clave la colaboración de las entidades de protección local así como de voluntarios que asuman su alimentación, la esterilización debe ser realizada por veterinarios y por muy vocacional que sea esta profesión hablamos de intervenciones quirúrgicas que bajo ningún concepto pueden depender del altruismo".

Así se manifiesta el presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val, tras analizar la situación creada a este respecto después de algo menos de medio año de entrada en vigor de la normativa estatal y de un año de la valenciana y tras recibir una propuesta concreta del Ayuntamiento de Ibi (que tiene más de 23.000 habitantes) que ha provocado cierta indignación en la entidad. En el referido escrito, el citado consistorio pregunta al colegio sobre un posible grupo de "veterinarios voluntarios" para asumir esterilizaciones, una solución temporal a la que el ayuntamiento intentaría recurrir mientras resuelve el "bloqueo económico presupuestario" que dice padecer. En la respuesta colegial se advierte que la entidad es "totalmente contraria" a esta figura (la del voluntariado) y se alerta de que esta fórmula ya provocó en el pasado "problemas de bienestar animal y salud pública". Icoval se refiere así a los episodios que se dieron hace años en varios municipios alicantinos –como el propio Ibi- cuando el colegio tuvo que actuar ante la sucesión de campañas clandestinas de esterilización promovidas por una asociación animalista y realizadas por supuestos veterinarios extranjeros, que acabaron por incumplir las más elementales medidas de buena praxis para intervenciones como éstas.

Lo entonces denunciado fue tan grave que Icoval intensificó las conversaciones con las administraciones para buscar fórmulas con las que auxiliar a los ayuntamientos y poder financiar tal labor. Gracias a tales contactos, hace ahora nueve años, la Diputación de Alicante arrancó un plan pionero en toda España que durante todo este tiempo ha permitido una inversión acumulada de más de 2 millones de euros. A través de convenios de los ayuntamientos con las clínicas locales, aplicando un protocolo de buenas prácticas redactado por Icoval y en virtud de tales ayudas se han esterilizado decenas de miles de gatos callejeros. Estas subvenciones, que financian directamente las intervenciones, se han mejorado este año un 22% y suman un presupuesto de 318.000 euros. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 convocó en 2030 otra línea de ayudas con idéntico fin pero son pocos los ayuntamientos que pueden aspirar a tales subvenciones porque las exigencias para poder hacerlo son bastante altas.

"Gracias al efecto acumulado de las ayudas de la Diputación, la provincia de Alicante marcha varios pasos por delante del resto de la Comunitat e incluso del conjunto del país, en la aplicación del método CER. Existen ayuntamientos como el de Orihuela, que son modélicos en este sentido, que tienen veterinarios contratados en algunos casos para su-pervisar la redacción y ejecución de estos planes y de las otras cuestiones que también obliga la nueva legislación, pero existen otros muchos que se limitan a plantear soluciones improvisadas, sin una mínima dotación presupuestaria", explica el presidente de Icoval.

Por otra parte, en su réplica al Ayuntamiento de Ibi, Icoval pone de manifiesto los sucesivos estudios e informes que sitúan a Veterinaria como una de las licenciaturas superiores peor pagadas. Recientes análisis, además, vinculan la mayor precariedad laboral y salarial detectada en esta profesión con las graves alteraciones emocionales y vinculadas al estrés que los veterinarios sufren en su actividad clínica diaria. "Nuestra profesión es muy vocacional pero hacer bien nuestro trabajo no es barato y requiere de grandes conocimientos y medios técnicos. La Administración no puede apelar ahora al bienestar animal para remover nuestra conciencia cuando la gestión de colonias felinas y el sacrificio cero son objetivos que el legislador impuso –sin consultar a los veterinarios- a los ayuntamientos", señala a este respecto Moreno del Val, quien asegura que esa "factura no la pueden asumir los veterinarios clínicos".

El procedimiento CES es el método que ha demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros. Implica atrapar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos a su territorio. Siempre que sea posible, los gatos jóvenes para que socialicen, así como los adultos amistosos, se ofrecen en adopción pero el fin último de la aplicación de estos programas es el control poblacional primero y la desaparición de las colonias después, a medio plazo. La técnica CES estabiliza inmediatamente el tamaño de la colonia si por lo menos se esteriliza el 70% de los adultos fértiles. Una esterilización cercana al 100% dará lugar a una declinación gradual de la población. Cualquier actuación por debajo de estos umbrales implicará que la inversión realizada acabe por ser inútil.