Tras la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, siendo clave en la detección de cartillas de vacunación que no se correspondían a las editadas y distribuídas de forma oficial por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios, el SEPRONA de la comandancia de la Guardia Civil ha procedido a la detección de una persona e investigación de otras dos por la supuesta comisión de los delitos de falsedad documental, intrusismo profesional, desobediencia a los agentes de la autoridad y tráfico ilegal de especies protegidas, enmarcado en la denominada operación "Cattus".

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, desde Seprona se pudieron relacionar las cartillas falsificadas con un criadero clandestino de gatos, con una tienda de animales y con un consultorio veterinario ubicado en la localidad de Coín (Málaga), corroborando que las mismas habían sido utilizadas y distribuidas junto con los animales (perros y gatos) a otras provincias del territorio nacional.

Los testimonios aportados a los agentes por numerosos clientes que habían acudido a la tienda de animales, fue la propia titular del establecimiento, que carecía de la correspondiente titulación veterinaria para realizar actos clínicos, quien había implantado microchips, realizado diferentes tratamientos veterinarios y cumplimentado diversa documentación que solo puede ser realizado por un facultativo.

Con toda la información adquirida los agentes procedieron a realizar una inspección en el establecimiento de venta de animales que estaba siendo investigado, donde se intervino diversa documentación, un sello consultorio, viales de vacunas, aplicadores de microchips y 847 cartillas de vacunación falsificadas que estaban siendo utilizados por esta persona. Asimismo, se intervinieron un total de 11 ranas protegidas por el Convenio Internacional CITES que se comercializaban ilegalmente en el citado establecimiento.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga se afirma que estas conductas suponen una competencia desleal y un daño y perjuicio económico para todo el colectivo y para los propios clientes que creen que sus animales están siendo tratados con todas las garantías por un profesional veterinario.

Los investigadores han procedido a la detención de la responsable del establecimiento, imputándole un total de 960 hechos delictivos, principalmente por la administración de vacunas y a la investigación de otras dos personas, entre ellas una veterinaria.

Con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Málaga y consultado con diferentes registros oficiales de identificación animal, se pudo comprobar que algunas de estas vacunas y el alta de los microchips habían sido registradas por una veterinaria, que no había participado en estos actos clínicos, blanqueando de esta manera los hechos ilegales investigados. Según datos de la Guardia Civil, se estiman que los perjuicios económicos causados por estos hechos ascenderían a 100.000 euros.