Más de 300 veterinarios y otros tantos responsables de perros y gatos, incluso ganaderos, se han manifestado esta mañana, desde las 10 y hasta las 12 horas, frente a la Delegación del Gobierno de Valencia. La concentración en la Plaza del Temple de la ciudad se ha simultaneado con el cierre patronal de la gran mayoría de centros veterinarios de la provincia durante esa misma franja horaria. La acción de protesta ha sido promovida en Valencia por la Asociación Empresarial Veterinaria de Valencia (AEVETVAL) y el Colegio de Veterinarios (ICOVV) pero ha sido convocada a nivel nacional por el Comité de Crisis Veterinario -que engloba a todas las asociaciones, sindicatos, Organización Colegial Veterinaria y colegios de veterinarios del país. Tras el éxito del paro del 11 de febrero en la mayor parte de centros veterinarios de la Comunitat Valenciana y en buena parte de España, tras la manifestación en Valencia del 21 del mismo mes y la histórica concentración en Madrid y frente al Ministerio de Agricultura del pasado 5 de marzo, el colectivo veterinario ha vuelto a reivindicarse hoy por cuarta vez. El clamor de esta profesión, de los propietarios de animales de compañía y de los representantes de las protectoras también concernidos es unánime: todos quieren acabar con las dificultades de acceso y el encarecimiento innecesario de los medicamentos veterinarios, con las limitaciones e interpretación restrictiva que la actual regulación (RD 666/2023) supone al criterio clínico y científico de los veterinarios, con la excesiva carga burocrática que implica el sistema obligatorio de comunicación de antibióticos llamado PRESVET y con la imposición de un IVA a estos servicios al tipo máximo del 21%.

            Pese al clamor expresado por el colectivo en sucesivas protestas  el ministro de Agricultura, Luis Planas, aún no ha recibido a los representantes del sector para establecer una línea de diálogo y poder encauzar las reformas reclamadas. El Consejo de Colegios de Veterinarios de España, además, también se ha dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, con el fin de mantener un encuentro para abordar la situación del medicamento veterinario con idéntico resultado. Paradójicamente, los contactos mantenidos con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y del Senado han dado resultados positivos y sí han mostrado su predisposición a los cambios reclamados. Esta mañana, las presidentas del ICOVV y AEVETVAL, Inmaculada Ibor y Rut Zuriaga, han sido recibidas por la jefa de gabinete de la delegada del Gobierno y han entregado por registro de entrada un manifiesto con el conjunto de reivindicaciones del colectivo que se trasladará al Ministerio de Agricultura, al de Sanidad, al de Derechos Sociales y Agenda 2030 y al de Hacienda (que son las cuatro administraciones gubernamentales concernidas con los cambios legales reclamados)

La motivación de todas estas protestas, como recoge el manifiesto entregado, es la misma: la modificación del R.D. 666/2023, con la retirada inmediata del sistema PRESVET (de transmisión obligatoria de las recetas de antibióticos) así como una moratoria en la aplicación de aquellos apartados de tal decreto que en la actualidad están dificultando, en unos casos, o haciendo imposible su aplicación, en otros. A juicio de Zuriaga y de Ibor esta legislación "fuerza a prescribir a partir de unas fichas técnicas que están desfasadas, con formatos inadecuados, obligando a aplicar una categorización de los antibióticos que retrasa los tratamientos y que no está basada en el criterio clínico o en la evidencia científica". Además, se reclama incorporar en la ley que regula los medicamentos y productos sanitarios, que en la actualidad se encuentra en fase de revisión, la posibilidad de la venta al por menor con destino exclusivamente a los animales bajo el cuidado de los veterinarios, para así facilitar el poder completar los tratamientos recetados. Cambios legales que, por otra parte, se alinearían con la regulación existente en la mayor parte de países comunitarios de nuestro entorno. Y, además, se reivindica "la vuelta a la normalidad, es decir, a aplicar el IVA reducido para los servicios veterinarios, una vez superada la crisis económica que sirvió al Gobierno para justificar la subida en septiembre de 2012", señalan Ibor y Zuriaga..