Tras el éxito del paro del 11 de febrero en la mayor parte de centros de la Comunidad Valenciana y en buena parte del país, tras la manifestación en Valencia del 21 del mismo mes y la histórica concentración en Madrid y frente al Ministerio de Agricultura del pasado 5 de marzo, el colectivo veterinario volverá a reivindicarse el próximo miércoles, 26 de marzo. Para esa fecha, a partir de las 10 de la mañana y en la Plaza del Temple número 1, en la explanada de la sede de la Delegación de Gobierno de Valencia, están convocados nuevamente todos los veterinarios y simpatizantes del movimiento generado contra la restrictiva regulación del veterinario hoy vigente. De manera simultánea, entre las 10 horas y las 12 horas de esa jornada, están llamados al cierre temporal los 435 centros veterinarios de la provincia. La acción promovida por la Asociación Empresarial Veterinaria de Valencia (AEVETVAL)  y el Colegio de Veterinarios (ICOVV) y que a nivel nacional está convocada por el Comité de Crisis Veterinario -que engloba a todas las asociaciones, sindicatos y colegios veterinarios- busca involucrar también a los responsables de animales de compañía, representantes de protectoras de animales y ganaderos. La protesta invita pues a manifestarse a todos los damnificados por las dificultades de acceso y el encarecimiento innecesario de los medicamentos veterinarios, por las limitaciones e interpretación restrictiva que la actual regulación (RD 666/2023) suponen al criterio clínico y científico de estos profesionales, por la excesiva carga burocrática que implica el sistema obligatorio de comunicación de antibióticos llamado PRESVET, también  por la imposición de un IVA a estos servicios al tipo máximo del 21%.

            Pese al clamor expresado por el colectivo en sucesivas protestas -la primera arrancó en Barcelona el 2 de febrero- el ministro de Agricultura, Luis Planas, aún no ha recibido a los representantes del sector para establecer una línea de diálogo y poder encauzar las reformas reclamadas. El Consejo de Colegios de Veterinarios de España, además, también se ha dirigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, con el fin de mantener un encuentro para abordar la situación del medicamento veterinario con idéntico resultado. Paradójicamente, los contactos mantenidos con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y del Senado han dado resultados positivos y sí han mostrado su predisposición a los cambios reclamados. De ahí que, lejos de desmovilizarse, el sector permanezca más unido que nunca y anuncie una nueva movilización nacional. Efectivamente, en las 52 provincias está previsto que se realicen concentraciones frente a las respectivas delegaciones y subdelegaciones de gobierno que se simultanearán con un cierre de todos los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios en la referida franja horaria (de 10 a 12 horas).

La motivación de todas estas protestas -que exceden el ámbito competencial de Agriculura y que al afectar a la salud pública vinculan también a las autoridades sanitarias del país- es la misma: se exige reformar el RD 666/2023 para establecer una moratoria en la aplicación de la comunicación obligatoria a través de tal plataforma de los antibióticos recetados a los animales  y su valoración (no sólo de compañía, sino también los de producción); la flexibilización de la normativa para permitir la venta al por menor de medicamentos a los animales a cargo del veterinario y rebajar el IVA aplicado a sus servicios (que es el mismo que el aplicado a los artículos de lujo, un 21%).  De un lado, se insiste en que existe un sistema europeo alternativo -hoy llamado proyecto  ESUAVet, antes ESVAC- que permite la recogida y evaluación de datos sobre venta y uso de antimicrobianos (antibióticos) de manera indirecta, no a través de los veterinarios sino de los distribuidores de medicamentos. Es más, la legislación comunitaria en esta materia permitiría aplicar la moratoria reclamada para el uso obligatorio de PRESVET en la transmisión de tales datos, pues sólo exige hacerlo a partir de 2029, para el caso de animales de compañía. La normativa restringe por todo ello injustificadamente el acceso a los tratamientos de los animales, tomando lo que son recomendaciones como obligaciones y poniendo en peligro su estado sanitario y bienestar, por lo que se reclama que las decisiones sobre la salud animal se tomen bajo un criterio veterinario y no administrativo.