La formación continua es fundamental para el correcto desarrollo de cualquier actividad laboral, pero en el caso de las profesiones sanitarias, además es obligatoria.

Concretamente en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el artículo 12 establece que "Son principios rectores de la actuación formativa y docente en el ámbito de las profesiones sanitarias: f) La actualización permanente de conocimientos, mediante la formación continuada, de los profesionales sanitarios, como un derecho y un deber de éstos. Para ello, las instituciones y centros sanitarios facilitarán la realización de actividades de formación continuada". Y en el artículo 33, principios generales: "1. La formación continuada es el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario. 2. Son objetivos de la formación continuada: a) Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales y la permanente mejora de su cualificación, así como incentivarles en su trabajo diario e incrementar su motivación profesional. b) Potenciar la capacidad de los profesionales para efectuar una valoración equilibrada del uso de los recursos sanitarios en relación con el beneficio individual, social y colectivo que de tal uso pueda derivarse. c) Generalizar el conocimiento, por parte de los profesionales, de los aspectos científicos, técnicos, éticos, legales, sociales y económicos del sistema sanitario. d) Mejorar en los propios profesionales la percepción de su papel social, como agentes individuales en un sistema general de atención de salud y de las exigencias éticas que ello comporta. e) Posibilitar el establecimiento de instrumentos de comunicación entre los profesionales sanitarios".

Ante la escasa oferta que la Consejería de Sanidad ofrece a los sanitarios del área de la Salud Pública, veterinarios y farmacéuticos fundamentalmente, la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL-TISCYL) intenta colaborar en la formación continuada de estos profesionales preventivistas, contribuyendo con ello al cumplimiento de la mejora del Sistema de Salud, especialmente en el área de la Salud Pública de Castilla y León. Sin embargo, esta labor formativa se está viendo entorpecida por el nefasto funcionamiento de la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León, que está retrasando la tramitación y acreditación de las acciones formativas, suponemos que por falta de medios materiales y humanos. Este retraso, además nos consta que se está produciendo en las acreditaciones de todos los cursos que se solicitan, independientemente de la profesión de la que se trate.

Es obligación de la Directora General de Salud Pública, Dña. Sonia Tamames Gómez, resolver las solicitudes de acreditación de actividades formativas en el plazo máximo de tres meses a partir de la presentación de la solicitud (DECRETO 84/2002, de 27 de junio, por el que se crea la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León). Sin embargo, el retraso en estas resoluciones es superior a los nueve meses, produciendo un grave perjuicio a todos los profesionales sanitarios que están formándose permanentemente para ejercer su trabajo con la mayor diligencia, y que por la ineptitud de esta Dirección General no pueden disponer de la acreditación de la misma, que necesitan obligatoriamente para el desarrollo de su carrera profesional (concursos de traslados, procesos selectivos, categoría profesional, etc.).

Ante la falta de respuesta e incapacidad manifiesta de la Dirección General de Salud Pública para llevar a cabo sus funciones, desde USCAL-TISCYL nos hemos dirigido al consejero de Sanidad, D. Alejandro Vázquez Ramos para que se resuelvan a la mayor brevedad las solicitudes de acreditación de las acciones formativas presentadas y se dote a la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León de los recursos materiales y humanos precisos para que los expedientes de acreditación de todas las acciones formativas que lleguen a la misma, se puedan resolver con la diligencia que requiere la formación sanitaria continuada. Y no descartamos las acciones sindicales y jurídicas que sean necesarias para que la formación de los sanitarios no se vea lastrada y entorpecida por una Administración negligente que incumple su obligación de actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario.