Desde los Parlamentos Nacionales de países como Dinamarca, Polonia, Italia, Francia, Países Bajos y España se han tomado iniciativas para reclamar a la Comisión Europea mayor concreción y compromiso en el desarrollo de la legislación sobre bienestar animal.

Recientemente desde la Comisión Europea el Comisario de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi anunció que las nuevas propuestas sobre legislación en materia de bienestar animal se presentarían en el año 2026 pero sin especificar ni establecer compromisos claros sobre plazos ni calendarios del proceso legislativo. Actualmente se está trabajando en la nueva legislación sobre bienestar durante el transporte y sobre aspectos de sanidad y trazabilidad en el movimiento comercial de animales de compañía, pero siguen pendientes los expedientes sobre el fin del uso de jaulas en ganadería, la reforma de la legislación sobre protección animal en los mataderos o el sistema de etiquetado, prometidos por la Comisión Europea para el año 2023 y en las que aún ni siquiera se ha empezado a trabajar, y sobre cuyo futuro las declaraciones del Comisario no nos satisfacen por su imprecisión y ambigüedad.

Algunos de estos cambios normativos como el "fin de jaulas" vienen avalados por más de 1 millón de firmas de ciudadanos europeos que a través de una Iniciativa Ciudadana Europea exigieron que la Comisión Europea acometiera estos cambios en su legislación. Tras cuatro años de espera creemos que los ciudadanos se merecen un mayor respeto y no marearlo con más dilaciones inexplicables e injustificadas.

Desde ANDA, además, defendemos que esta nueva normativa en bienestar animal debe ir necesariamente unida al desarrollo de sistemas de identificación de los alimentos en niveles de sostenibilidad progresivos que permitan al consumidor identificar y separar las producciones intensivas de corte industrial de las que no lo son, con el fin de evitar que la legislación de bienestar animal se convierta en un motivo de "lavado verde" para las grandes producciones intensivas, y no actúen en contra de las pequeñas y medianas unidades de producción de carácter familiar y extensivo que son las que mantienen vivo nuestro entorno rural y, más allá del bienestar animal, garantizan la sostenibilidad medioambiental.