En el marco de la macrooperación OPSON XIII contra el fraude alimentario, la Guardia Civil ha iniciado 12 operaciones individuales, deteniendo en nuestro país a 32 personas e investiga a otras 21 como presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública.

En total, los agentes han realizado más de 3.000 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional, en los que se ha detectado hasta 2.200 infracciones administrativas.

Se trata de una macrooperación de ámbito europeo cuya acción específica sobre ataques a productos Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas ha sido liderada por la Guardia Civil, la cual ha organizado una reunión de coordinación en Alicante junto con otras autoridades europeas, como EUIPO y EUROPOL.

La operación ha estado centrada en alimentos y bebidas alcohólicas falsificados (o de calidad inferior), cadenas de suministro de alimentos ilegales, fraudes alimentarios, seguridad alimentaria y adulteración motivada económicamente. 

A nivel europeo, los cuerpos policiales de los 29 países participantes han emitido 104 órdenes de detención, llevando a cabo hasta 184 órdenes de registro. Además, un total de 278 personas han sido denunciadas y se ha logrado desarticular 11 organizaciones delictivas.

Los investigadores de toda Europa notaron una tendencia continua en la venta de alimentos caducados, tras atraer a las empresas de eliminación de residuos, tienen en sus manos masas de alimentos para ser destruidos, que posteriormente borran y vuelven a imprimir las fechas de vencimiento y adjuntan las nuevas etiquetas reintroduciendo los productos caducados en la cadena de suministro nuevamente. Los productos más afectados han sido el aceite de oliva y los vinos con denominación de origen protegida (DOP).

La operación OPSON ha contado con la colaboración con las Consejerías competentes de las distintas Comunidades Autónomas, la Dirección General de la Industria Alimentaria (DGIA) y la Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) dependiente del Ministerio de Consumo. Todos ellos trabajan en coordinación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY - EFSA), con asesoramiento científico y comunicando los riesgos existentes y emergentes asociados a la cadena alimentaria.