El Cuerpo de Veterinaria del Principado de Asturias es un cuerpo sanitario que se encarga en la Administración autonómica de los controles oficiales, inspección y vigilancia de Veterinaria de Salud Pública. Son los facultativos responsables de vigilar la Salud Pública en los campos reservados a la Veterinaria, es decir, principalmente en relación a las zoonosis y a la seguridad de los alimentos, y su plantilla se divide entre la Consejería de Salud y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

Desde hace tiempo, el sindicato veterinario viene denunciando que los veterinarios de la Consejería de Medio Rural que tienen destino en las Oficinas Comarcales de Agricultura (OCAs), es decir, los Facultativos Inspectores Oficiales que trabajan sobre el terreno en esa consejería, sufren unas condiciones de trabajo que, lejos de mejorar, empeoran y que, llegan a niveles tercermundistas incumpliendo incluso normativa laboral más básica. 

Estos profesionales sanitarios lidian a diario con situaciones de reconocido riesgo biológico. Desde el año 2003 todos los puestos deberían haber tenido una evaluación de riesgos laborales llevada a cabo por el Servicio de Prevención de Riesgos del Principado y, a día de hoy, sólo los puestos de dos o OCAs de las catorce existentes lo tienen. No obstante, estas dos evaluaciones son suficientes para concluir que todos los Facultativos Veterinarios que trabajan como Inspectores Oficiales en las OCAs están sometidos a riesgo biológico y deben cumplir las exigencias del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos.

Sin embargo, contraviniendo dicho real decreto (en especial el punto 4, art. 7), los veterinarios de las OCAs carecen en la mayor parte ellas de instalaciones tan básicas como duchas y vestuarios, todos carecen de ropa y calzado de trabajo adecuados y de servicio de lavandería. Esto obliga a que, para realizar sus inspecciones, no les quede más remedio que irse a su domicilio con la ropa de trabajo y lavarla por su cuenta, poniendo así en riesgo al resto de la población y a sus propias familias. La opinión de este sindicato es que, de forma indirecta, se les está obligando a elegir entre dejar de hacer su trabajo o incumplir la normativa de riesgos biológicos, con la presión añadida de que si dejan de hacer su trabajo, el principal perjudicado será el ganadero.

El hecho de que la Administración detectara en una empresa privada puestos de trabajo que aún no tuvieran una evaluación de riesgos laborales obligatoria desde 2003 y el incumplimiento de la normativa de riesgos biológicos sería motivo sin duda de una durísima sanción por parte del Principado e incluso, probablemente, de la pérdida de la autorización de actividad de dicha empresa. Sin embargo, la Dirección General de Ganadería y la Administración en general es conocedora de esta situación de primera mano desde hace años y no la ha corregido. SIVEPA por su parte, lo ha denunciado de forma reiterada y pública, incluso en comparecencias parlamentarias y no se ha actuado al respecto ( https://youtu.be/6JS-kZYivq0?si=4RfOcYSmAhfCp_m5 ).

A esto se suman muchas otras carencias como una flota de coches que en su mayor parte superan los 20 años y los 200.000 kilómetros de duro trabajo por caminos rurales que se van cayendo a trozos y que ni siquiera se limpian periódicamente, falta de vehículos todoterreno en zonas de montaña, una plantilla muy inferior a otras comunidades en relación al número de explotaciones, sobrecarga de inspecciones, incumplimientos de promesas laborales durante casi 20 años por parte de la Administración y un largo etc. Así, los Veterinarios Oficiales de OCAs ya están más que hartos y están empezando a sopesar la adopción de medidas que podrían terminar en movilización y conflicto laboral si la administración no mueve ficha al respecto.

Este sindicato, por su parte, está valorando denunciar la situación a inspección de trabajo por el riesgo para los trabajadores e incluso a fiscalía por los riesgos generados para la Salud Pública debido a la actitud aparentemente negligente de la Administración.