La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía reunió la semana pasada la Mesa de la Sanidad Animal de Andalucía con el fin de analizar la situación de la cabaña ganadera. El órgano, presidido por el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel ...
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía reunió la semana pasada la Mesa de la Sanidad Animal de Andalucía con el fin de analizar la situación de la cabaña ganadera. El órgano, presidido por el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez Galera, incidió en que una ganadería sana favorece la salud pública y resulta más eficiente desde el punto de vista de la rentabilidad de la explotación pecuaria, por lo que resulta esencial apostar por la bioseguridad.
Al encuentro, celebrado en Sevilla, acudieron representantes de las organizaciones profesionales agrarias COAG, UPA y Asaja; Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG), Cooperativas Agro-Alimentarias, integrantes del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios -entre los que se encontró Santiago Sánchez-Apellániz García, presidente del Colegio de Sevilla-, y de la Universidad de Córdoba; miembros de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y de la Consejería de Salud y Consumo, así como de la Subdirección de Inspección y Control Alimentario.
Sin sanidad animal no hay ganadería, coincidieron los asistentes en una reunión donde se constató la "buena salud" de la cabaña ganadera de la comunidad autónoma. En este sentido, los integrantes de la Mesa señalaron que los profesionales andaluces apuestan por la aplicación del conocido como modelo Una Sola Salud, para mejorar los métodos de vigilancia y control de las enfermedades desde un enfoque unificador, e integrar los cuidados de las personas con el medio ambiente y el mundo animal.
Disminuir el riesgo de entrada de enfermedades
Además, fueron objeto de valoración las acciones que se llevan a cabo en la cabaña andaluza en materia de bioseguridad. Los miembros de la Mesa coincidieron en que la inversión en bioseguridad contribuye al fortalecimiento del sector ganadero, ya que disminuye el peligro de entrada y difusión de enfermedades en las explotaciones, a la vez que permite una mayor producción y una mejor calidad sanitaria.
También subrayaron los asistentes la labor de las ADSG, entidades que participan en los programas sanitarios orientados a la mejora de la sanidad animal y de la salud pública, la reducción del uso de antibióticos, bienestar animal, economía de la actividad ganadera y acceso a los mercados, en un marco muy positivo de colaboración pública-privada.
Andalucía cuenta en la actualidad con 71 ADSG que permiten una colaboración estrecha entre los ganaderos y la Administración. Asimismo, ofrecen un servicio permanente destinado a que los productores eviten las enfermedades mediante las medidas de prevención establecidas y actúen con la mayor rapidez en el supuesto de que se registre una infección.
La Mesa abordó, por otro lado, la adopción de medidas posteriores a crisis sanitarias como la gripe aviar -en el caso de las aves de corral-, la viruela ovina y caprina. Los controles han permitido reducir las pérdidas económicas y garantizar la salud animal ante enfermedades especialmente dañinas por su carácter contagioso.
La reunión permitió poner en valor los principales programas de control, vigilancia y erradicación de enfermedades animales en la comunidad, así como el futuro de los mismos en el marco de los nuevos reglamentos de la Unión Europea. Entre las enfermedades sometidas a estos programas se encuentran la tuberculosis bovina y caprina, la brucelosis bovina y ovina/caprina, las encefalopatías espongiformes transmisibles, salmonelosis, IBR, lengua azul y fiebre del Nilo occidental, entre otras.
Finalmente, el secretario general de Agricultura informó a la Mesa de la solicitud de la Consejería al Ministerio de Agricultura para que adopte las medidas reclamadas por el sector ganadero con el fin de simplificar los trámites a los que hacen frente los productores, "garantizando, en cualquier caso, la sanidad y la salud pública".