La obligatoriedad del veterinario de explotación o veterinario de granja, que establecía la legislación española, es una medida que venía generando cierta controversia en el sector ganadero. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que esta figura pasará a ser voluntaria, eliminando su carácter obligatorio. Esta medida ...
La obligatoriedad del veterinario de explotación o veterinario de granja, que establecía la legislación española, es una medida que venía generando cierta controversia en el sector ganadero. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que esta figura pasará a ser voluntaria, eliminando su carácter obligatorio.
Esta medida ha suscitado una respuesta crítica por parte del Colegio de Veterinarios de Alicante.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, Gonzalo Moreno del Val, ha expresado su descontento, argumentando que la obligatoriedad del veterinario de explotación era crucial para promover el bienestar y la salud animal, la salud pública y la protección del medio ambiente. Además, subrayó que esta figura añadía un valor significativo al sector ganadero español, pudiendo facilitar, entre otras cosas, la exportación de sus productos.
"Considero que esta medida es cortoplacista y puede contentar a algunos, pero es una mala noticia para todos", declaró el presidente. "La implantación del veterinario de explotación suponía un desafío para el sector, pero deberíamos ser ambiciosos y mirar al futuro. Para avanzar hay que plantearse retos y abordarlos con preparación y con los medios adecuados."
El presidente añadió que los veterinarios se estaban formando y estaban preparados para asumir esta responsabilidad. Sin embargo, percibe que el gobierno prefiere eliminar esta figura en lugar de proporcionar los recursos necesarios para su implementación. "Esto no hace más fuerte a nuestro sector ganadero, más bien lo debilita, restándole credibilidad y competitividad."
En su declaración, hizo hincapié en que tener un sector ganadero fuerte es clave para el país, pero insistió en que esto no debería ser incompatible con garantizar la salud y el bienestar animal, la salud pública y la protección del medio ambiente.
Esta decisión del gobierno ha dejado al sector ganadero y a los profesionales veterinarios en un estado de incertidumbre, mientras se debate el impacto que tendrá en la industria y en la salud pública a largo plazo