La RSCE y veterinarios unidos contra la nueva normativa de control de antibióticos

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) se ha unido en bloque al colectivo de veterinarios para hacer fuerza en contra de una normativa surgida del Ministerio de Agricultura: el nuevo sistema de control de antibióticos. Se trata de una medida que la organización más importante y decana de España relacionada con el mundo del perro, considera "excesivamente burocrática" y "alejada de la realidad médica de los perros", lo que en última instancia será perjudicial para la salud del animal de compañía.

El Real Decreto 666/2023 establece la obligación de registrar electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos a través de la plataforma PRESVET para mejorar así la trazabilidad de los medicamentos y combatir la resistencia a los antimicrobianos.

La Dirección General de Derechos de los Animales (DGDA) considera que este registro es esencial para asegurar el cumplimiento de la normativa y promover la transparencia en el uso de medicamentos veterinarios y justifica la actuación del colectivo veterinario en el tratamiento de animales no identificados mediante microchip.

Precisamente, en relación a los perros abandonados o extraviados no identificados con microchip, la Real Sociedad Canina de España considera positivo que puedan recibir el tratamiento veterinario correspondiente, pero pide aligerar todo el proceso burocrático (ficha clínica, receta…) que establece la nueva norma, pues puede limitar su acceso a la atención veterinaria urgente en perjuicio del animal.

Una norma, en definitiva, desconectada de la realidad médica de los perros y del resto de animales de compañía que, lejos de ser positiva, va a complicar la asistencia sanitaria y los problemas de salud.

Por esta razón, la RSCE insta a la modificación urgente del sistema de control de antibióticos y reclama a las autoridades mantener un diálogo efectivo con todos los colectivos afectados. También se une a la iniciativa impulsada por los veterinarios desde la plataforma Veterinarios Unidos y pide colaboración bajo una recogida de firmas en sus redes sociales.

Desproporcionada y burocrática

En la práctica, los veterinarios, a los que apoya sin fisuras la RSCE, ven esta norma desproporcionada porque limita su capacidad de decisión clínica pasando por la valoración clínica del paciente y les obliga a dispensar una cantidad de medicamentos ajustada al mínimo para que los propietarios busquen posteriormente en la farmacia la prescripción veterinaria, muchas veces no disponible hasta pasados unos días por problemas de distribución, o dispensada en cantidad excesiva dado el formato de los envases, favoreciendo la aparición de fármacos sobrantes y aumentando el riesgo de automedicación, promoviendo así el efecto contrario de control de antibióticos y disminución de resistencia a los mismos. El colectivo veterinario considera que con las leyes actuales se restringe la flexibilidad del profesional a la hora de adaptar el tratamiento a las necesidades específicas del animal.

Además, la normativa impone una excesiva carga burocrática, lo que afecta directamente al bienestar del animal, especialmente en situaciones de urgencia. Tanto los veterinarios como los propietarios de animales deben cumplir una documentación desmesurada que atenta contra la rapidez profesional en los casos más graves. Esta sobrecarga administrativa también incrementa los costes de los servicios veterinarios para los dueños, cuando estos ya asumen un gasto considerable. Mantener un perro exige una inversión mínima de alrededor de 1.400 euros anuales, según la RSCE.

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